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1.Las partes podrán encomendar la administración del arbitraje y la designación de árbitros a:
a)Corporaciones de Derecho público y Entidades públicas que puedan desempeñar funciones arbitrales, según sus normas reguladoras.
b)Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en cuyos estatutos se prevean funciones arbitrales.
2.Las instituciones arbitrales ejercerán sus funciones conforme a sus propios reglamentos.
3.Las instituciones arbitrales velarán por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los árbitros y por la transparencia en su designación, así como su independencia.